Los gremios y empresas del Cauca y el Valle del Cauca denunciamos que este martes un grupo de invasores atacó a dos familias que se encontraban en sus viviendas e inició un incendio en un bosque que hace parte de la reserva natural de la sociedad civil ubicada en la finca Japio, en el norte del Cauca, como retaliación a una diligencia de desalojo que realizaban las autoridades en este predio.
En uno de los ataques fue agredida la familia de un trabajador, incluida una menor de edad que presenta una enfermedad de alto riesgo, mientras que en otra vivienda un trabajador fue amordazado, agredido, destruida su vivienda y, como consecuencia, desplazado del lugar de forma indefinida. De igual modo, los agresores iniciaron un incendio forestal en un intento por evitar el proceso de desalojo que lideró la Alcaldía de Santander de Quilichao, en cumplimiento de una orden judicial para restablecer el derecho a la propiedad privada.
Desde los gremios y empresas de la región, representados en el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la SAG Cauca, Asocaña y Procaña, condenamos de manera decidida este atentado contra la población civil, que no es el primero que se presenta en la finca Japio, pues en agosto pasado en un intento de invasión fueron agredidos los estudiantes, profesores, personal administrativo y trabajadores de la Escuela Rural Mixta Niña María que se encuentra en este predio. Asimismo, rechazamos las constantes afectaciones irreparables al medio ambiente, que se evidencian en la tala y quema de esta reserva forestal, registrada por Parques Naturales Nacionales de Colombia.
Agradecemos a la justicia, a las autoridades administrativas y policiales que adelantaron las acciones en el marco de la ley para restituir los derechos vulnerados a la vida, el trabajo, la educación, la movilidad y la propiedad privada.
En el norte del Cauca no se puede seguir permitiendo la violación sistemática del Estado de derecho, por eso reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para encontrar soluciones urgentes y definitivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales y que nos permitan a todos vivir y trabajar en paz en esta región.